Al menos 72 reclamos por pensión
alimentaria se interponen a diario en los juzgados de paz del país. Cuando una
mujer lleva a la justicia al padre de sus hijos para que cumpla con su cuota de
manutención, despierta en muchos casos la ira y la violencia del hombre
irresponsable, como le sucedió a Yumilka Torres Suero, asesinada por el padre
de su hijo.
A Yumilka Torres Suero, de 22 años de edad,
la mató Rafael Valenzuela, padre de su hijo de un año y ocho meses, después de
que ella lo obligara a acudir por segunda vez a un juzgado de paz en su afán
por lograr un acuerdo sobre la cuota económica que cada uno debía aportar para
suplir las necesidades alimenticias del pequeño.
El jueves 9 de mayo, Yumilka y Rafael
visitaron el Juzgado de Paz de Las Caobas, Santo Domingo Oeste, para conciliar.
Pero resultó imposible llegar a un acuerdo, pues el hombre consideraba elevada
la suma de RD$3,500 al mes que exigía la madre de su hijo, tras alegar que él
sólo devengaba un salario de RD$7,000 como vigilante privado. La joven
aseguraba que su expareja mentía en cuanto a su salario.
La Ley 136-03, que crea el Código del
Menor, establece que la justicia puede gravar con el 50% el salario de una
persona a favor de la cantidad de menores que tenga. El padre y la madre tienen
el mismo derecho de exigir pensión alimentaria, pero son las mujeres las que
más demandan debido a que la guarda de los hijos recae en ellas en la mayoría
de los casos.
“A él no le importa si yo estoy trabajando
o no estoy trabajando”, respondía la joven a los reclamos de Valenzuela de que
ella tenía un mejor salario que él. “Yo estoy en una zona franca, que paga
dependiendo de la mercancía es que te pongan a trabajar, y te paran antes de
los dos meses. Yo estoy en la universidad. Tengo que pagar mis estudios.
Quienes están comprándole los ‘pampers’ y la leche al niño son mi mamá y mi
papá que me están ayudando”, explicaba a los reporteros de La Lupa Sin Trabas.
Al igual que Yumilka, cada día unas 72
madres acuden a los juzgados de paz del país para reclamar una pensión
alimentaria. Muchas desisten de demandar a sus ex parejas por lo largo y
costoso que resulta el proceso y otras ni siquiera se animan a exigir los
derechos de sus hijos para evitar la violencia que esas solicitudes
desencadenan en algunos padres.
La Suprema Corte de Justicia registra en
2012 un total de 22,292 demandas de manutención, mientras los jueces fallaron
20,507 recibidos en diferentes años. La mayoría de los casos se presentaron en
las provincias Santiago (3,093 demandas y 2,718 fallos) y Santo Domingo (5,662
demandas y 4,637 fallos). En tanto que en el Distrito Nacional se presentaron
1,536 demandas y se fallaron 1,588.
Yumilka recibió el 19 de enero de este año,
hace cuatro meses, los últimos RD$1,000 del padre del niño. Sus afanes por
encontrar una salida la llevaron el lunes 13, cuatro días después de conversar
con reporteros de La Lupa Sin Trabas, a otro juzgado de paz –en Los Ríos,
Distrito Nacional– para intentar una nueva conciliación. Ella se empeñó en
confiar en el sistema judicial para demandar la aplicación de la Ley 136-03, a
pesar de las dificultades del proceso y los atropellos que sufría por parte del
padre del menor y de la misma Justicia.
Tampoco hubo acuerdo esta vez. Valenzuela
decidió terminar con las reuniones de conciliación eliminando a la demandante:
asesinó a la madre de su hijo en su propia residencia del sector Pueblo Nuevo,
en Los Alcarrizos.
El victimario argumentaba ante la abogada
mediadora que los padres de Yumilka lo habían mandado a asesinar. “Aquí nadie
me escucha a mí”, se quejaba.
Yumilka le interrumpía para denunciar que
él la había golpeado en distintas ocasiones, incluso cuando estaba embarazada
del niño: “Me rompió todos los trastes y yo le puse una querella en la Fiscalía
de Los Alcarrizos. Si no es por mí, lo mandan directo para la cárcel de La
Victoria. Pero yo, como él es el papá de mi hijo, lo que hice fue que llegué a
un acuerdo con él”.
El ambiente del juzgado
La Justicia parece estar sorda. El día que
Yumilka visitó por primera vez el juzgado de paz de Las Caobas, la señora Santa
Virgen Matos Pérez lo hacía por quinta vez en los últimos 18 meses, tratando de
que la justicia ordenara al padre de su hijo de ocho años de edad que asumiera
su responsabilidad de manutención.
“Nos separamos porque él me daba muchos
golpes. Cuando yo estaba embarazada, me quería sacar el niño a golpes, por eso
me fui de la casa. Él dice que aunque yo lo meta preso veinte veces, no nos va
a dar ni un peso”, afirma la señora, residente en El Abanico, Herrera.
Santa Virgen mueve con dificultad los dedos
de su mano derecha, como consecuencia de un golpe que su expareja le propinó un
día que discutían sobre la manutención del niño. Por esa situación no puede
trabajar. “Ese hombre nos tiene odio, a mí y al niño. Yo a veces creo que es
que él no nos quiere y que nos va a matar a los dos. Ha dicho que se va a matar
él para salir de nosotros”, expresa la señora, que sobrevive gracias a la ayuda
económica que recibe de su hermano y su padre.
“A veces me pongo a vender té y café de
madrugada. Me tengo que llevar al niño. Yo tengo que andar con ese niño para
todos los sitios, arriesgando su vida”.
Junto a Santa Virgen, una veintena de
mujeres espera su turno para querellarse, en una sala que resulta estrecha. Dos
hombres permanecen de pie en una esquina, sin hablar entre ellos, observando el
ambiente. Uno acudió para informarse sobre cómo puede obtener la tutela de su
hija; el otro, sobre qué tiene que hacer para que le reduzcan la cuota de
manutención.
En un tribunal que conoce hasta cuarenta
casos en un día, a veces ninguno se refiere a padres que demandan a las madres
por pensión alimentaria para sus hijos. El murmullo es constante entre las
mujeres acomodadas en unos destartalados asientos de la sala, que cuentan desinhibidas
las penas que les agobian por la irresponsabilidad paternal.
“Ese señor hace un año que no le da nada a
mi hija”, se le escucha decir a una de ellas, al referirse al padre de su
pequeña. “Parece que él cree que la niña no come ni se viste”.
Santa Virgen la secunda. Dice que ella pasa
por la misma situación. A finales de 2011 acudió por primera vez al juzgado a
denunciar que el padre de su pequeño, según ella, propietario de negocios
prósperos, hacía tiempo que no se ocupaba de los gastos del niño.
Ese día cuenta Santa Virgen, le dieron una
carta que debió entregar al señor, mediante la cual se le citaba para una
reunión de conciliación dentro de dos meses. “En ese encuentro no llegamos a
ningún acuerdo, por lo que mi caso lo refirieron al tribunal”, explica.
Pero la Justicia parece no tener la misma
urgencia que la madre, y en la tercera ocasión, la jueza le fijó una cita para
una audiencia tres meses más tarde.
Cumplido el tiempo, Santa Virgen acudió por
cuarta vez al tribunal, que dictó una sentencia que fijaba en RD$2,500 la
pensión que el demandado debe pagar a la madre como pensión alimentaria. “Él
nunca ha cumplido con esa sentencia”, se queja ahora, en su quinta visita, esta
vez para denunciar el desacato del fallo.
Motivos para desistir
Alba, madre de dos niños de 6 y 11 años,
abandonó la demanda, a pesar de que la había adelantado bastante. El proceso
judicial estaba afectando su salud y provocó que perdiera su empleo por las
tantas veces que solicitaba permiso para acudir al tribunal. “Yo estaba
agotada. Estuve tres años en eso hasta que me cansé de dar tantas vueltas.
Ahora mis hijos y yo luchamos por sobrevivir con lo poco que gano como
secretaria de un médico”, apunta.
El padre de sus hijos se dedica a conducir
camiones de carga. “Cuando vivíamos juntos, él me daba RD$12,000 semanales para
los gastos. Pero al juez le dijo que él gana muy poco, por lo que le pusieron
una pensión de RD$5,500 mensuales. Nunca pagó”, dice.
En su artículo 175, la Ley 136-03 ordena
que si las partes no llegan a una conciliación espontánea un equipo
multidisciplinario del Consejo Nacional de la Niñez (Conani) deberá realizar
las investigaciones socioeconómicas pertinentes en un lapso de diez días. Sin
embargo, en los juzgados se le asigna a la mujer la tarea de indagar sobre el
salario de su esposo.
Alba se alejó de los tribunales porque no
pudo lograr que en la compañía en la que labora su expareja le expidieran una
certificación en la que constara el sueldo que devenga, a pesar de que presentó
un oficio en el que un tribunal ordenaba la entrega de esa información.
Igual trauma vive Fior Aquino Ramírez, que
le ha afectado su sistema nervioso. Fue al tribunal a buscar una orden de
apresamiento para el padre de sus dos hijos porque, supuestamente, éste nunca
ha pagado en su totalidad la cuota de RD$3,000 mensuales que le establecieron
en 2010.
“Yo estoy muy mal, me siento deprimida.
Llevo tres días sin dormir, tengo insomnio, porque la situación en la que estoy
es crítica; no consigo lo suficiente para mantener a mis hijos”. Dice que tenía
un trabajo “muy bueno” del cual la cancelaron porque pedía muchos permisos para
asistir al tribunal a demandar a su ex pareja. Ahora trabaja como camarera.
Dificultades. El artículo 196, de la Ley
136-06, establece que el padre que incumpla con la pensión alimentaria será
sancionado con dos años de prisión, pero rara vez esto sucede. El proceso
judicial resulta muy lento, a pesar de que el artículo 175 ordena que, una vez
presentada la querella, el Ministerio Público debe citar a las partes para
conciliar en un plazo no mayor a diez días.
En el caso de que no se llegue a un
acuerdo, la misma ley plantea en su artículo 176 que en un plazo no mayor a
diez días se debe apoderar del caso al tribunal de niños, niñas y adolescentes.
La procuradora general adjunta Marisol
Tobal, encargada de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y
Familia, atribuye la lentitud del proceso a la falta de personal del Ministerio
Público y del Poder Judicial, y de herramientas en los juzgados para desarrollar
una logística adecuada.
“Los juzgados de paz están sobrecargados de
trabajo; tú encuentras un representante del Ministerio Público y un juez para
todos los procesos que se ventilan de diferente índole”, apunta la magistrada.
En el juzgado de paz de Santo Domingo Oeste, por ejemplo, hay dos personas para
recibir las denuncias y otras dos para intervenir en la conciliación. Las
cuatro se ven agobiadas por tanto trabajo.
No tienen ni una sola computadora para
ingresar las informaciones; todo es a puro papel y bolígrafo. Los archivos –ya
obsoletos– tampoco son suficientes, por lo que los documentos reposan en cajas
de cartón apiladas por fechas en un rincón de la oficina.
Gladys Taveras Uceta describe sus carencias
como jueza suplente en el juzgado de paz de Santo Domingo Oeste. Dice que al
tribunal le falta apoyo logístico, no tiene archivista ni personal suficiente.
“En este tribunal hay una deficiencia terrible. Ocurre lo que yo llamo
‘justicia a destiempo’, que se transforma en una injusticia. Hay una realidad
que se escapa de mí como jueza. Sucede que estamos cansados de pedir personal.
A las mujeres que acudieron a una cita en mayo, se le colocaron fecha de
audiencia para septiembre”, sostiene.
En un día, Taveras Uceta puede presidir
entre 35 y 40 audiencias. Cuenta que cuando sirvió en el tribunal de Los Mina,
en Santo Domingo Este, conoció hasta 60 casos en un mismo día.
“Nosotros como jueces debemos velar por ese
interés superior del niño, pero si estamos desarmados, no tenemos una
computadora, ni una secretaria ni un asistente a la que le puedas pasar una
sentencia o que te la fije para breve término, ¿cómo tú puedes brindarle el
apoyo necesario a una mujer?”, se pregunta.
Tediosa y cara
Dilia Leticia Jorge Mera, abogada
especialista en derecho de familia, describe la ruta que se sigue para
interponer una demanda por manutención como “tediosa y costosa”. Critica que
las mujeres deban incurrir en gastos como el pago de un alguacil para que lleve
la citación al demandado. Muchas madres le pagan al alguacil RD$500, y hay
quienes cobran dependiendo de la zona a la que va la citación. Mientras más
exclusivo el sector, más caro.
“Es un proceso frustrante para la madre;
una como abogada se siente mal. Por eso se abandonan los procesos. Las mujeres
se sienten juzgadas cuando plantean una manutención elevada, aún teniendo la
razón. Creo que el sistema debe ser más amigable”, expresa.
Otro inconveniente que señala es que hay
padres que tienen sus bienes a nombre de terceros, lo que dificulta establecer
sobre una base cierta su patrimonio y por consiguiente, la fijación de una
pensión justa a favor de sus descendientes.
Demandado en el extranjero. Cuando el padre
demandado reside en el extranjero resulta todavía más difícil para la madre
llevar a cabo el proceso judicial, como demuestra el caso de Iris Yocasta
Parra, madre de trillizas. La joven de 25 años procreó las niñas que ahora
tienen tres años de edad, con un señor que no se interesó por reconocerlas
legalmente, se marchó a Estados Unidos y las dejó en la indigencia.
“Lo que me dicen en el juzgado es que yo
tengo que avisarles (a los jueces y fiscales) cuando el papá de las niñas
llegue al país. Imagínese usted qué difícil”, relata la madre que ha librado
varias batallas para poder permanecer junto a sus pequeñas.
El artículo 198 del Código del Menor
plantea que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes realizará las
diligencias pertinentes, “o lo hará a pedimento de parte, ante organismos
extranjeros de protección de niños, niñas o adolescentes, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de lograr que se ejecuten las
sentencias dictadas por nuestros tribunales”. Pero esta disposición se ignora
en la mayoría de los casos.
El año pasado, las autoridades de Nueva
Jersey y República Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación para recaudar
la manutención de los hijos que vivan en ambas jurisdicciones. Establece que
ese estado se encargaría de descontar la pensión de manutención a los padres
que residen allá y enviarla directamente al custodio del menor en el país.
Iris Yocasta cuenta que, en una ocasión,
trabajadores sociales del Conani intentaron quitarle a sus hijas porque vieron
que ella no tenía condiciones para mantenerlas. Una tía suya ahora paga la
renta de la humilde pieza en la que reside en el sector Los Tres Brazos, Santo
Domingo Este. Mientras tanto, sus hijas comen cuando una persona generosa se
apiada de ellas. “Hay días en que sólo puedo ofrecerles un jugo de ‘sobrecito’
como único alimento. Es muy triste, sabiendo que su padre tiene con qué
mantenerlas”.
Asistencia legal
Lo ideal es que cada una de las partes
acuda al tribunal acompañada de un abogado. Pero en la mayoría de los casos eso
no es posible, porque se trata de personas de escasos recursos, que ni siquiera
tienen para costear el pasaje del transporte para llegar al juzgado. Por eso
las personas andan perdidas, sin saber qué hacer.
La procuradora general adjunta Marisol
Tobal entiende que el Estado debe conformar un departamento de atención legal a
la víctima que asista a las personas de escasos recursos, sean padres o madres.
Opina que las miles de demandas de pensión
alimentaria son un reflejo de la descomposición social que existe en República
Dominicana “donde hay un alto índice de irresponsabilidad paterna”.
Estima que la mitad de los casos queda en
el silencio porque la madre no tiene recursos, y siente desinterés porque el
sistema no le responde como espera.
En el medio, los hijos
Hay casos en los que cuando el padre se
separa de la madre, también se aparta de los hijos. Fior Aquino Ramírez expresa
que el padre de su niño de ocho años y su niña de once nunca más se ha
preocupado por la salud de sus vástagos desde que se divorciaron. “El niño
lleva una terapia con una psicóloga porque es hiperactivo. Todavía su papá no
ha ido a la primera sesión, a pesar de que la doctora ha solicitado su
presencia en varias ocasiones”.
Dice que su niña le manifiesta que la
lejanía de su padre la hace sentir mal. Para agravar la situación de los niños,
la madre ha debido llevarlos a vivir con su abuela para que ella pueda
trabajar. “La niña me dice: ‘Mami, papi
no nos quiere. Porque ni siquiera nos llama’. Yo le digo que las cosas no son
así”, apunta Fior.
La psicóloga infantil Marina Orbe recuerda
que los padres no deben involucrar a los hijos en las consecuencias de su
separación y deben tratar de que el niño no tome partido de si su papá o mamá
es bueno o malo, porque lo importante, dice, “es que el pequeño crezca sano
emocionalmente”.
“El niño no puede entender cómo siendo su
papá no puede darle lo que le corresponde. Eso hace que se sienta mal, le baja
su autoestima, siente que su papá no lo quiere, comienza a tener dificultades
al nivel académico, al nivel social. Se va aislando, se va poniendo violento y
agresivo, y como consecuencia, se deprime”, puntualiza.
En el caso de Santa Virgen Matos, su hijo,
que ha presenciado cuando su papá golpea a su madre, expresa que quiere matar a
su progenitor cuando crezca. “Mi hijo está raro. No quiere estudiar, nada más
vive peleando y tiene mucha violencia para todo”, lamenta.
Sobre esta situación, Orbe expresa que el
niño debe asistir a terapia porque se crean en él “raíces de amargura” y se le
forma una concepción muy mala de la figura paterna.
Monoparentales
Más del 35% de los hogares de República
Dominicana son monoparentales. De esa cifra, más del 90% está a cargo de
mujeres.
El 20.1% de las familias con mando femenino
vive con menos de dos dólares al día, de acuerdo con el estudio más reciente
que cuantificó la cantidad de madres solteras en el país, realizado en 2007. El
informe de la Encuesta Demográfica y de Salud (Endesa) para ese año proyectó en
un millón 400 mil las mujeres que en República Dominicana crían solas a sus
hijos.
Pobreza
Un estudio realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial establece que los hogares
monoparentales de jefatura femenina registra una tasa de pobreza de 20.1%, casi
8 puntos porcentuales más que las familias dirigidas por hombres o por la
pareja.
Divorcios
La Oficina Nacional de Estadística registra
que en 2011 se concretaron 17,927 divorcios, 1,158 más que en el 2010, cuando
se registraron 16,769. Es decir, que en promedio, unas 49 parejas casadas
legalmente se separan a diario en República Dominicana.
La diferencia
En el sector Gazcue, Distrito Nacional,
opera desde 2006 el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial, para
facilitar que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo consensuado
mediante el diálogo.
En su mayoría, los casos que recibe la
dependencia están relacionados con la repartición de bienes; en segundo lugar,
está la pensión alimentaria y en tercero, la regulación de las visitas y
decidir quién tiene la tutela de los hijos.
El director del centro, Alexis Rafael Peña,
indica que a diferencia de los juzgados de paz, las personas que ponen una
querella en el centro no tienen que pagar alguacil para que envíe la notificación
al demandado ni tampoco contar con un abogado, pues esa institución les provee
de forma gratuita todo lo que puedan necesitar para llegar a un acuerdo con su
expareja.
“Cerca del 70% logra conciliar aquí y el
acuerdo es homologado por un juez que lo convierte en sentencia. El resto que
no concilió se remite a un juzgado de paz”, explica.
Como el centro no tiene jurisdicción,
reciben casos de todas partes del país. El ambiente despejado y tranquilo que
caracteriza ese lugar dista bastante del alboroto que caracteriza a los
juzgados de paz.
…
Después de que El Informe con Alicia Ortega
difundiera un reportaje sobre el trágico caso de Yumilka Torres Suero y su
verdugo y padre de su hijo, Rafael Valenzuela, la Fiscalía de la provincia
Santo Domingo envió a la redacción de La Lupa Sin Trabas a una fiscal para
recoger como pruebas las declaraciones grabadas de la víctima y su victimario
en su conversación con Felivia Mejía y Roberto Guzmán. Otra vez la justicia
dominicana actuó con lentitud. Ya era tarde para la manutención del niño de
Yumilka y tarde, sobre todo, para salvar a una mujer más que estuvo bajo
amenaza, hasta perder la vida ante los ojos de las autoridades”.
…
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