Abiertos aún puestos ilegales de medicina

De mis publicaciones en El Caribe
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A poco más de un mes después de que se desatara el escándalo por la venta de medicamentos falsificados, que provocaron la muerte de varias personas en el país, los hospitales aún no definen una estrategia para fiscalizar las medicinas que adquieren. Además, muchos de los puestos de venta irregulares que fueron cerrados por disposición de la Dirección General de Drogas y Farmacias continúan operando, sin importar que esa dependencia de la Secretaría de Salud Pública anunciara el pasado miércoles que más de cien expedientes serán sometidos a la justicia.

El hospital Marcelino Vélez Santana apenas está trabajando en las bases para crear un comité de fármaco-vigilancia que se encargará de fiscalizar los medicamentos que llegan al hospital.

El director médico de ese centro, Juan Álvarez, informó que retiraron de su farmacia externa todos los medicamentos de las marcas y laboratorios ligados a irregularidades en su producción. “Estamos preparando un protocolo por el cual se fiscalizarán las compras del hospital. Somos más estrictos al recibir los medicamentos”, expresó.
En el Darío Contreras, donde también se encontraron unidades de gamma globulina (tratamiento para el tétano), su director general manifestó que se ha establecido un sistema de inmunización permanente contra el tétano a los fines de reducir el uso de ese medicamento, y sólo usarlo en casos especiales. “A la menor sospecha de que algún tratamiento no es legal lo mandamos a investigar”, dijo su director, Héctor Quezada.

En Moca, donde se detectó la mayor cantidad de puestos irregulares, los tramos lucen vacíos, pero las puertas de esos establecimientos están abiertas para continuar la venta, sin importar las órdenes de clausura.

Los dueños se muestran suspicaces y agresivos con las personas que merodean sus alrededores. Reporteros de El Caribe que realizaban un recorrido para comprobar que esos centros siguen operando debieron abandonar a toda prisa una de las calles de Moca, amenazados con romperles la cámara si intentaban tomar alguna foto.

La directora de Drogas y Farmacias de Salud Pública, María Villa, advirtió que están en permanente vigilancia y que a las farmacias que vendan medicamentos falsificados se les cancelará su permiso.

Dijo que este último mes visitaron unos 20 lugares acompañados del Ministerio Público, pero sólo a 14 de ellos le han enviado el expediente a la justicia.
A 10 propietarios les impusieron medidas de coerción; dos están en investigación, y dos fueron cerradas temporalmente porque operaban de forma ilegal.

Favorecen acciones de Drogas y Farmacias

El vicepresidente ejecutivo de Arapf, Fernando Ferreira, y la directora ejecutiva de Infadomi, Laura Castellanos, valoraron como positivo que se sometan a la justicia a los implicados en la venta de medicamentos falsificados.

Castellanos expuso que más allá del sometimiento a los dueños de puestos y distribuidores de medicamentos, las autoridades deben dirigirse hacia quienes trajeron esos productos al país.
Ferreira planteó que en cada establecimiento cerrado se designe a un policía o a un militar para que vigile que el propietario no vuelva a operar. “Ni el sector privado ni el público pueden enfrentar solos este problema, tiene que haber una sinergia para lograr un trabajo exitoso”, dijo.

Manifestó que Arapf está de acuerdo con el planteamiento del doctor José Silié Ruiz, de que se le debe de imponer la pena de muerte a los culpables de comercializar los medicamentos adulterados en el país.