El sistema judicial dominicano ha experimentado importantes cambios. La promulgación de la Ley 78-03, que aprueba los estatutos del Ministerio Público, y el Reglamento de la carrera judicial, aportaron una alta contribución a esas reformas.
Con la determinación de que los fiscales, jueces y defensores públicos sean electos por concurso, quedó abierta una puerta para que abogados recién graduados, muchos sin más experiencia que la formación universitaria, tengan la oportunidad de instalarse en los juzgados y fiscalías por sus propios méritos.
Esa forma de selección, en la que prima una rigurosa evaluación de las cualidades psicológicas y académicas de los aspirantes, favorece a la juventud emprendedora que creía imposible subir a estrado, a menos que no tuviera el respaldo del partido político de turno.
En el ejercicio de fiscalizadores encontramos 100 egresados de la Escuela Nacional del Ministerio Público, con edades entre 26 y 30 años. 62 son mujeres y 36 hombres.
Esto se debe a que en la primera convocatoria, en 2005, uno de los requisitos era que los candidatos tuvieran entre 23 y 26 años.
De la Escuela Nacional de la Judicatura, que no tiene discriminación de edad para reclutar, egresaron desde 2002 a la fecha 107 jueces de paz, 157 defensores públicos y 26 defensores públicos de niños, niñas y adolescentes dentro del programa de aspirantes a jueces y defensores públicos. El 66 por ciento de los egresados son mujeres y el 34 por ciento hombres.
Sin dudar de la teoría que tienen aprendida, la posible inexperiencia en la práctica entumece el pensamiento de quienes ven a los jóvenes jueces presidiendo un juicio.
Sin embargo, esos temores desaparecen cuando se observa el ágil y adecuado desenvolvimiento que demuestran los titulares en acción.
La experiencia, que por naturaleza se adquiere con los años acumulados en el servicio, si faltare en los recientes fiscales, jueces y defensores públicos, se ve compensada en la vasta formación académica que reciben en las escuelas.
Al conversar con algunos de ellos, se percibe el entusiasmo y el sentido de la responsabilidad que tienen para trabajar.
La jueza Keila Pérez Santana, de 32 años, afirma que a un juez egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura le resulta más fácil manejar el sistema de acuerdo a las nuevas corrientes porque tiene los conocimientos más frescos.
“El que no ingresa de la escuela aún está apegado al procedimiento criminal pasado y aunque estudie se encuentra muy contaminado todavía de cómo funcionaba antes”, expresa, al referirse de los beneficios que supone la formación que reciben los nuevos jueces.
Lejos de ser presumidos, la expresión humilde es común en ellos. El juez presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito, Antonio Sánchez Mejía, apunta que estudió Derecho motivado por el ejemplo de su padre, Francisco José Sánchez, quien fue juez de instrucción del Distrito Nacional y abogado con 30 años de ejercicio.
“Lo interesante de este proceso es que jóvenes están interesados a ingresar en el Poder Judicial y eso garantiza la institucionalidad del Poder Judicial y la continuidad de lo que se ha venido haciendo desde que esta Suprema Corte de Justicia fue designada en 1997”, afirma.
De su lado, el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Núñez, señala que la juventud aporta energía, esperanza y “un poco de rebeldía que siempre es bueno que la tengan porque no me parece del todo conveniente que sean indiferentes o que se acomoden a que las cosas sean siempre igual”.
El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Luis Henry Molina, considera que los egresados del programa de formación de jueces han permitido que el Poder Judicial innove en sus prácticas y sea más dinámico de lo que era antes.
Señala que además ha permitido una mayor profesionalización, porque un juez requiere de un profesional que sea creíble, confiable para el ciudadano, y antes los jueces no tenían la oportunidad de ir a una escuela.
“Esta oportunidad que tienen los muchachos de crecer en una escuela es lo que ha hecho posible una escuela donde la gente quiere entrar, que prestigia y al mismo tiempo un espacio donde pueden venir a reflexionar y aportar al sistema judicial”, opina.
Capacitación. Antes de ser juez de paz, el primer escalafón de la carrera judicial, el postulante debe ser graduado en Derecho y aprobar una prueba psicométrica que realiza la Secretaría de Estado de Administración Pública en coordinación con la Dirección General de Carrera Judicial.
A los pocos que logran aprobar –de 500, probablemente unos 10 ó 20- les corresponde tomar exámenes escritos y orales sobre diversos temas escogidos al azar. Sólo hay tres oportunidades para ser evaluado.
Cuando la Dirección General de Carrera Judicial hace la selección, los aspirantes son admitidos en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde el proceso de formación de juez dura dos años y para defensor público, un año.
Esa institución imparte un programa que combina estudios presenciales en las aulas y los tribunales.
“Algo fundamental es que nadie que está aquí le debe su puesto a nadie. La escuela tiene un sistema muy rígido, muy exigente personalmente, cuando sale tiene una satisfacción de que lo pudo lograr, y eso es muy motivador”, sostiene Henry Molina.
En cuanto a la formación de los fiscales, el programa de la Escuela Nacional del Ministerio Público dura nueve meses.
Una labor para personas honestas
El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Henry Molina, explica que cuando los noveles jueces entraron al Poder Judicial, mucha gente entendió lo que estaba pasando y la gran mayoría los recibió muy bien, pero hubo quienes no los recibieron con el mismo agrado.
“Muchos aspirantes no entendían en principio este rechazo y fueron siendo mucho más humildes. No es que sea un tema de prepotencia pero cuando tú tienes el conocimiento, mucha gente entiende que eres prepotente, pero es simplemente que cuando hablas lo haces con fundamento y empiezas a decir lo que tú crees y gente que tiene muchos años en esto empieza a sentirse interpelada”, sostuvo.
Algo que se podría cuestionar es si la juventud de estos profesionales no corresponde con la responsabilidad que se necesita para ser juez.
El director general de la Carrera Judicial sostiene que se puede ser responsable a cualquier edad.
“La podemos ver en un niño de ocho años, que cuando llega de la escuela se pone a cumplir con sus tareas. Los grados aumentan a medida que se crece. La responsabilidad de un juez es muy seria porque decide sobre la vida o patrimonio de una persona”, opina Pablo Garrido.
Algunos protagonistas del sistema judicial
Vladimir M. Rosario
24 años
Es el juez más joven. Se desempeña como juez de paz en Monte Plata y es juez miembro del Tribunal Colegiado. Se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2005 y en la Escuela Nacional de la Judicatura, el año pasado. Estudia una maestría en la UASD para especializarse en área procesal penal con el propósito de dar clases en la universidad. “A la larga, la edad no tiene gran diferencia ante un abogado de mucha experiencia. Con relación a las leyes relativamente nuevas se da el fenómeno que los abogados más jóvenes dominan mejor la normativa que otros con experiencia”.
Keila Pérez Santana
32 años
Tiene 12 años trabajando en el ámbito de la justicia. Empezó en la Corte Penal cuando aún era estudiante. Después de agotar un periodo como jueza de paz, en diciembre de 2005 es designada jueza de instrucción de atención permanente en el Distrito Nacional. Conoce medidas de coerción y es la encargada de emitir las actas de arresto y allanamiento. “Trato de ser objetiva, responsable y honesta. Tomo en cuenta lo que manda la ley. Cuando uno está en estrado tiene que apartarse de cualquier sentimiento que pudiera existir hacia el abogado, fiscal o el acusado”.
Gisselle Méndez
34 años
Actualmente es juez sustituta del presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Ingresó al Poder Judicial como oficinista antes de graduarse en Derecho en el 2000, a los 25 años. Fue la juez más joven que participó en el juicio del Banco Intercontinental (31 años) y juez miembro en el juicio Bancrédito. “En cuanto al caso Baninter, fue un reto. Nuestra juventud no fue una retranca, sino una carta a nuestro favor porque teníamos el ánimo para estudiar e investigar para dar lo mejor posible. Siempre primó el respeto independientemente de la edad”.
Antonio Otilio Sánchez Mejía
37 años
En 1994, a los 23 años se licenció en Derecho. Tres años después ingresó como abogado ayudante del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito. En el 2000, fue abogado ayudante de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En el 2002 se gradúa en la primera promoción de la Escuela Nacional de la Judicatura y fue juez de paz en Villa Mella. Llega al Primer Tribunal Colegiado del Distrito como sustituto del presidente en octubre de 2005 y en febrero de 2007 asume la presidencia. Tuvo a su cargo los juicios Bancrédito, Banco Intercontinental y Mercantil.
Wendy Lora Pérez
27 años
Es egresada de la Escuela Nacional del Ministerio Público, a la que entró por concurso en 2005, cuando tenía 23 años. Labora como fiscal adjunto del Distrito, coordinadora del Departamento de Delitos Sexuales. Antes estuvo designada al Departamento de Control de Drogas. “Algunos nos recibieron con un poquito de reticencia porque quizás no entendían de qué se trataba pero después de que vieron nuestra forma de trabajo, todo cambió. El hecho de ser jóvenes nos obliga a estudiar más y a prepararnos mejor, es mucho lo que podemos aportar al país”.
Manuel Acosta Castillo
27 años
Entró por concurso a la Escuela Nacional del Ministerio Público en el 2005. Fue designado en el juzgado de Paz de Boca Chica. En septiembre del año pasado laboró en el Tribunal de Tránsito del Distrito y después en el Tribunal de Asuntos Municipales de San Carlos. Actualmente, es fiscal adjunto, en el Departamento de Tráfico y Consumo de Drogas en el Distrito Nacional. “Uno aprende que tiene mucho que dar a los demás. Hay que estar preparado mentalmente para saber que vamos a trabajar con los conflictos más feos referente a drogas, homicidios y violaciones”.
El Mallete. Ha sido símbolo de autoridad suprema desde la antiguedad. es el mao que usan los jueces para imponer el orden que debe imperar en el tribunal cuando sea necesario.
De mis publicaciones en El Caribe
.JPG)
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario