Tranque. Por más de diez años en el Congreso han perimido varios proyectos que buscan regular el manejo de este recurso, debido a conflictos de intereses particulares de las partes involucradas en la administración de este elemento esencial para la vida y el desarrollo humano.
Varios proyectos para regular el recurso agua se han presentado en el Congreso desde mediados de la década del 70 sin que ninguno lograra sancionarse. Uno de los argumentos que anteriormente se esgrimían era que no existía un organismo que rigiera los recursos naturales y que primero había que crearlo.
Sin embargo, en el año 2000, mediante la Ley 64-00, se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de todas formas se engavetó la Ley General de Agua, que sucede a otros intentos, como el Código de Agua.
El diputado Pelegrín Castillo, que integra la comisión especial que estudia ese proyecto en la Cámara Baja, señala como causa del impasse la debilidad de la institucionalidad y de los proyectos nacionales, la lucha entre las agencias del Gobierno y de los intereses con intenciones privatizadoras de las fuentes de agua.
Entre esas agencias citó los institutos Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), así como las diferentes corporaciones de acueductos del país. “Esto debería ser un tema del Poder Ejecutivo. Si fuera una prioridad del Presidente, ya estaría aprobada”, dijo.
En septiembre del año pasado, el diputado Mario Fernández Saviñón volvió a someter el proyecto de ley General de Agua, y se designó una comisión especial presidida por Alfonso Gamalier Montás, para su análisis. Mientras que en el Senado, un equipo presidido por el senador Félix María Nova estudia la Ley de Aguas, sometida por el Indrhi hace cinco meses.
Aunque los legisladores se expresan en la disposición de aprobar una norma que procura regular el dominio público del recurso hídrico y las competencias del Estado para su tutela, todavía no se vislumbra la luz en el túnel.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado han dejado a un lado los trabajos para dedicarse a la reforma constitucional. Además, lo correcto sería formar una comisión bicameral para estudiar ambas propuestas. “Ya llegará ese momento”, sostiene el diputado Montás, quien espera que en la próxima legislatura quede todo consensuado para la aprobación de la norma.
En tanto, impera el desorden en el manejo del recurso hídrico en el país. Las instituciones se rigen por intuición porque no tienen definidas claramente cuáles son sus funciones, lo que provoca un choque de intereses.
El marco legal del agua vigente data de la década de 1960, cuando ni siquiera existían presas y otros organismos como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana.
Los tres instrumentos de legislación principales son las leyes de Dominio Público de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, y las que crean los Institutos Nacionales de Aguas Potables y Alcantarrillado y de Recursos Hidráulicos.
Proponen la creación de un órgano rector
Los dos proyectos sometidos al Congreso manifiestan aspectos similares como la creación de un organismo rector que será el responsable de administrar, conservar y proteger el recurso agua.
En la propuesta que estudia la Cámara de Diputados ese organismo se denominaría Comisión Nacional de Aguas, que estaría adscrita a la Secretaría de Medio Ambiente.
En el proyecto que sometió el Indrhi al Senado, el órgano rector se denominaría Autoridad Nacional del Agua (Anagua). Pero, a diferencia del otro proyecto, que mantiene la figura del Indhri, Anagua sustituiría a esa institución, tendría personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa.
La dirección ejecutiva de Anagua estaría integrada por un cuerpo técnico y administrativo representado por un director ejecutivo, que sería la máxima autoridad, designado por el Poder Ejecutivo.
El director del Indrhi, Héctor Rodríguez Pimentel, y el subsecretario de Suelo y Agua, Manuel Serrano, desmintieron que haya una lucha de intereses y afirman que entre todos los sectores involucrados han llegado a un consenso para por fin lograr que se apruebe la norma.
El director ejecutivo de Inapa, Mariano Germán, manifestó disposición de impulsar las discusiones para que pronto se pueda contar con ese instrumento legal.
De mis publicaciones en El Caribe
.JPG)
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario